De: Página 12
Con el decreto aprobado ayer, el flamante gobierno de François Hollande cumple una de las promesas del presidente y lo hace con el apoyo de los sindicatos y en medio de las críticas de la patronal y de la oposición conservadora.
“Es una medida de justicia”, afirmó la ministra francesa de Asuntos Sociales, Marisol Touraine, que justificó la urgencia con la que se ha adoptado en el hecho de que era uno de los compromisos de Hollande de la pasada campaña para las presidenciales. Pero lo cierto es que el Ejecutivo informó de un decreto que no entrará en vigor hasta el próximo 1º de noviembre y lo hizo en su última reunión antes de que los franceses tengan que volver a las urnas, esta vez para reformar la Asamblea Nacional.
El Partido Socialista considera vital esa cita, en la que espera tener una mayoría suficiente para que el Legislativo pueda aprobar las reformas preconizadas por Hollande.
Por el momento, con el decreto adoptado ayer, el gobierno cumple una de las promesas del presidente y lo hace con el apoyo de los sindicatos y en medio de las críticas de la patronal y de la oposición conservadora. La presidenta de la patronal Medef, Laurence Parisot, se quejó de la falta de concertación entre los interlocutores sociales, a lo que los sindicatos respondieron que Sarkozy tampoco buscó el consenso cuando en 2010 retrasó la edad mínima de jubilación de 60 a 62 años.
Los conservadores consideran que este tipo de “regalos electorales” desembocarán en una “subida masiva de impuestos” para financiarlos, dijo el líder de la formación conservadora UMP, Jean-François Cope. Auguró que los socialistas “apretarán las tuercas” en lo referente a los impuestos de los trabajadores, si se imponen en las legislativas.
El gobierno considera que la medida no desviará el déficit del Estado y que su financiación se hará con una ligera subida de las cotizaciones para las pensiones, del 0,1 por ciento para los asalariados y de otro tanto para las empresas.
Dos euros más al mes para una pensión de 1600 euros el año próximo y cinco en 2017, calcula el Ejecutivo, que considera que la medida costará 1200 millones de euros y afectará a uno de cada cinco trabajadores, entre 110.000 y 120.000 a partir del año próximo. En los últimos días, el gobierno ha multiplicado los contactos con los agentes sociales, no para negociar la medida, sino para acordar sus modalidades.
Touraine afirmó que “no era negociable” el adelanto de la edad mínima de jubilación “porque los franceses lo decidieron en las presidenciales”.
Hasta ahora, sólo los asalariados que comenzaron a trabajar con 17 años podían jubilarse con 60 años, siempre y cuando hubieran aportado los trimestres necesarios. El decreto extiende la medida a aquellos que entraron en el mercado laboral con 18 y 19 años. Además, las madres y los parados podrán incluir como cotizados dos trimestres de no actividad o de baja por maternidad.
